82% móvil

        por:  Dra. Marcela Gómez - Abogada - Estudio Jurídico Previsional

Si bien es un derecho plasmado en nuestra Constitución Nacional, la movilidad de los beneficios previsionales nunca fue del todo respetada. A lo largo de la historia, muy pocas veces se aplicó una movilidad que mantuviera el carácter sustitutivo con respecto al sueldo del trabajador. El 82% móvil se aplicó a muy pocas actividades, y en forma intermitente.

Por ello debe celebrase la iniciativa de cerrar una etapa de vulneración constante a los derechos de la ancianidad; de todos modos, vale la aclaración de que, vista desde lo técnico, la mencionada ley no hubiera puesto fin a las injusticias cometidas durante tantos años sobre el tema en cuestión.

Lo que se promovió mediáticamente sobre esta ley y el 82% distaba mucho de lo que se espera para poner fin a la litigiosidad en que se encuentra sometida la justicia con respecto a este tema.

En efecto, se dejó trascender que el salario mínimo sería siempre equivalente al 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil que se fije en cada período. Es decir, según esta información proporcionada por los medios de comunicación, a cada nueva fijación por el Consejo del Salario de un nuevo mínimo, el 82% de ese valor pasaría a conformar el nuevo haber mínimo jubilatorio. Nada más alejado de la realidad. Contrariamente a ello, el art. 3 determinaba claramente:  “La movilidad del haber mínimo garantizado por el artículo 125 Ley 24.241 [...] cuyo valor es redeterminado por el art. 1 de la presente, se efectuará en los meses de marzo y setiembre conforme lo dispone el art. 4 de esta ley”.

El art. 4 establece la movilidad de todas las prestaciones en función del índice de salarios publicado por el INDEC.

El artículo 5 prevé un recálculo de las prestaciones en los siguientes términos:

“Art. 5 - A todas las prestaciones previsionales otorgadas en virtud de la Ley 24.241, de regímenes nacionales generales anteriores a la misma y sus modificatorias, de regímenes especiales derogados, o por las ex cajas o institutos provinciales y municipales de previsión cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación, se les deberá recalcular el haber inicial, considerando para el mismo las remuneraciones, a partir del 1/4/1991, actualizadas [hasta de adquisición] del derecho, según la variación experimentada por el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC) -elaborado por el Ministerio” [énfasis añadido].

Como se puede apreciar en la parte resaltada, el proyecto incurre en un error de redacción, dado que seguramente la frase correcta hubiera sido “hasta la fecha de adquisición”.

En primer lugar, se refiere indistintamente a las prestaciones otorgadas por la Ley 24.241 y las anteriores, incluso a regímenes especiales, que tienen formas diferentes de determinar la movilidad, sin hacer distingo alguno. A todos ellos ordena se les recalculen las prestaciones actualizando las remuneraciones desde el 1/4/1991 hasta la fecha de adquisición por el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC).

La norma no distingue entre la Ley 24.241, a la cual se aplicó el ISBIC,  de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Elliff” y la Ley 18.037, a la cual desde antaño la jurisprudencia considera que se deben actualizar las remuneraciones por el propio índice creado por la ley, esto es, el Nivel General de Remuneraciones (NGR). Por otro lado también incluye a regímenes especiales que tenían mecanismos de cálculo del haber a través del 82% del último salario (docentes, Ley 22.955, municipales, etc.). Para esos regímenes, actualizar las remuneraciones a la fecha de adquisición no tiene el menor sentido, dado que se tomó para el cálculo el último sueldo en actividad.

Por otro lado, para hacer efectiva la recomposición, la ANSES debe revisar cada expediente jubilatorio, en forma individual, para recalcular las remuneraciones tomadas para el cálculo del haber inicial. Esta sola circunstancia hace que sea de imposible cumplimiento el art. 8, que establecía la plena vigencia desde el día de publicación. Tampoco es previsible que la ANSES pueda recalcular todas las jubilaciones vigentes en un plazo menor a cinco o diez años, siendo optimistas. Para ello hubiera sido necesario que el expediente administrativo que otorgó el beneficio, que se encuentra archivado en la ciudad de San Martín (conurbano), en el archivo general, fuera girado a una dependencia para esos efectos.

La dependencia que actualmente liquida las sentencias judiciales, no resuelve más de dos mil expedientes por mes, cifra ínfima en comparación con la cantidad de beneficiarios que al presente existen (4.497.027 de jubilados y pensionados), por lo que no es previsible que, en un lapso menor al señalado, se pueda proceder a ese recálculo, en caso de no haberse vetado la mencionada ley.

Y esto último, tomando en cuenta que además habría que reconsiderar una serie de circunstancias: el tiempo que tardaría el archivo de la ANSES en remitir 4,5 millones de expedientes, cuando actualmente tarda entre seis y siete meses en enviar los mismos en los juicios de reajuste, siendo que la cantidad que se requiere actualmente es infinitamente menor; la necesidad de modificar las oficinas de liquidación de sentencias para recibir la cantidad de expedientes indicados; la necesidad de adquirir una cantidad importante de nuevos móviles para trasladar los expedientes; el personal que se debería reasignar a la tarea; la existencia de expedientes perdidos sobre los cuales no hay registro (uno de los viejos archivos de las cajas de previsión se prendió fuego, lo que ocasionó que hoy existan muchos perdidos sin que quede ninguna documentación de ellos).