Juan José Castelli

Nota biográfica del abogado y político que fue regidor del Cabildo, impulsor determinante del Cabildo Abierto de 1810, y vocal de la Primera Junta. “El Orador de Mayo” fue un hombre con un empuje que lo marcó a fuego como uno de los máximos próceres argentinos.

Juan José Castelli nació el 19 de julio de 1764 en Buenos Aires, por entonces ciudad integrante del Virreinato del Perú, pues faltaban aún 12 años para la división de éste, creando el Virreinato del Río de la Plata. Fue el primero de los ocho hijos del médico veneciano Ángel Castelli Salomón y Josefa Villarino. Castelli cursó sus primeros estudios con los jesuitas en el Real Colegio de San Carlos.

Por disposición de una herencia, uno de los hijos del matrimonio Castelli debía ordenarse sacerdote; el elegido para ese destino fue Juan José, para lo cual fue enviado a estudiar al Colegio Monserrat, en Córdoba. Allí tuvo de compañeros de estudios de otros hombres que influirían en la vida pública, como Saturnino Rodríguez Peña, Juan José Paso, Manuel Alberti, Pedro y Mariano Medrano, o el cuyano Juan Martínez de Rozas, entre otros. Tomó contacto también con las obras de Voltaire y Diderot y, en especial, con el Contrato Social de Rousseau, de gran importancia para la ciencia política y la sociología que estaba por nacer. Al finalizar los estudios escolares comenzó estudios universitarios de filosofía y teología. Sin embargo, en 1785, al morir su padre, abandonó la carrera sacerdotal, por la que no sentía una fuerte vocación.

Decidió estudiar jurisprudencia, pero rechazó la intención de su madre de enviarlo a estudiar a España, junto a su primo Manuel Belgrano, a la Salamanca o Alcalá de Henares. Optó por dirigirse a la Universidad de Chuquisaca, en donde conoció los ideales de la Revolución francesa.

De regreso a Buenos Aires, se estableció como abogado, abriendo un estudio en su casa familiar. Representó a la Universidad de Córdoba en distintas causas, y a su tío Domingo Belgrano Peri. Su relación con Saturnino Rodríguez Peña se extendió a su hermano, Nicolás Rodríguez Peña, y a su socio Hipólito Vieytes.

En 1794 se casó con María Rosa Lynch; este matrimonio llegó a tener como hijos a Ángela, Pedro (futuro coronel), Luciano, Alejandro, Francisco José y Juana.

Ese mismo año llegó a Buenos Aires una copia de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, sancionada por la Revolución francesa, que circuló clandestinamente por el virreinato. También regresó Manuel Belgrano de sus estudios en Europa, con el cargo de secretario perpetuo del Consulado de Comercio de Buenos Aires. Los primos (Castelli y Belgrano) compartían ideas similares sobre el monopolio comercial español y los derechos de los criollos. Belgrano intentó nombrar a Castelli secretario interino del Consulado, como suplente suyo, pero debió enfrentar una fuerte oposición de los comerciantes españoles, que demoró dicha designación hasta 1796.

Los fundamentos de aquel intento estaban centrados en una enfermedad contraída por Belgrano durante su estadía en Europa, que lo obligó a tomar prolongadas licencias en su trabajo.

Luego tuvo lugar una situación similar durante la elección de los integrantes del Cabildo de Buenos Aires de 1799. Castelli fue elegido regidor tercero, y rechazado por los comerciantes ligados al puerto de Cádiz. El pleito duró un año, hasta que finalmente el virrey Avilés aceptó el dictamen del comerciante Cornelio Saavedra y confirmó a Castelli en el cargo, mediante orden real en mayo de 1800. Sin embargo, para entonces Castelli se había excusado de asumir dicho cargo, ya que las funciones del Consulado ocupaban todo su tiempo. Esto fue considerado insultante por los comerciantes peninsulares, entre ellos Martín de Álzaga.

Aquellas ideas liberales difundidas por Castelli primeramente en el periódico “Telégrafo Mercantil”, cuyas iniciales publicaciones datan de 1801. El director era Antonio Cabello y Mesa; en aquellas publicaciones se mencionó por primera vez el concepto de patria y se habló de los habitantes como “argentinos”. En ese proyecto, además de Castelli, Cabello y Belgrano (Don Manuel era el secretario de la publicación), trabajaron Manuel José de Lavardén, Miguel de Azcuénaga y el fraile Cayetano Rodríguez. Pero el “Telegrafo Mercantil” duró muy poco, pues el contenido fue considerado ofensivo por las autoridades, y la Corona ordenó al Consulado retirar su apoyo. En 1802, ya desaparecido el periódico, Castelli escribió en el “Semanario de Agricultura, Industria y Comercio”, que estaba bajo la dirección de Hipólito Vieytes, donde se expusieron las virtudes de la fisiocracia. Castelli, al igual que los otros miembros del grupo de revolucionarios en formación que se reunía frecuentemente en la casa de Nicolás Rodríguez Peña, colaboró con el proyecto. En el semanario se proponían ideas para la mejora técnica de la agricultura, la quita de las restricciones al comercio, el desarrollo de manufacturas, entre otras. También se presentaron biografías de los autores de la revolución estadounidense, como Benjamín Franklin.

A través de Saturnino Rodríguez Peña entró en contacto con James Florence Burke, quien decía representar a Gran Bretaña y que, en apoyo a las propuestas de Francisco de Miranda, se impulsaba la emancipación de las colonias hispanoamericanas. Pero Burke era en realidad un espía inglés, con la misión de obtener información sobre las colonias hispanoamericanas. Con su intervención y gracias a las promesas de apoyo inglés, se creó la primera sociedad secreta criolla organizada para tales fines, que más adelante sería conocida como “partido de la independencia”, en donde se encontraban Castelli, Burke y los principales colaboradores del Semanario de Vieytes. El espía fue finalmente descubierto por Sobremonte y expulsado del virreinato.

Por ese entonces Castelli se había mudado de vivienda, trasladándose a una chacra en las afueras, actual barrio de Núñez. Algunos de sus vecinos en la zona eran Cornelio Saavedra, Juan Larrea, Miguel de Azcuénaga y el abogado José Darregueira. En dicha chacra tendría sembrados y una fábrica de ladrillos. Las reuniones de la sociedad secreta continuaron.

El 2 de junio de 1806 murió su madre. Castelli aún estaba de luto cuando, ese mismo mes, llegaron noticias del desembarco inglés en Quilmes. Empezaban las Invasiones Inglesas.

El partido de la independencia fue tomado por sorpresa por los acontecimientos; en primer lugar, no habían sido avisados de que aquella expedición fuera a tener lugar, luego, la proclama inglesa hablaba de respeto a la religión, las propiedades, el orden, la libertad y el comercio, pero no se había emitido una palabra que coincidiese con los proyectos de Miranda. Para aclarar esos puntos se formuló una entrevista con Beresford, a quien se le solicitó aclarar si las promesas de Burke seguían en pie y si el gobierno de Londres apoyaría la independencia. Beresford respondió con evasivas, argumentando que no tenía instrucciones en dicho sentido y que con la reciente muerte del Primer Ministro inglés, William Pitt, y el ascenso de los liberales al poder inglés, debía aguardar nuevas órdenes., Eso implicaba, desde el punto de vista de los criollos, que los ocupantes sólo aspiraban a anexar la ciudad al Reino Unido: aceptarlo era cambiar una metrópoli por otra. Pero no cortaron las relaciones con los ingleses por completo: tras la reconquista de Buenos Aires lograda por Santiago de Liniers, Saturnino Rodríguez Peña ayudó a Beresford a fugarse, con el propósito de que éste convenza al jefe de la nueva invasión de aplicar los proyectos de Burke y Miranda. La segunda invasión inglesa defraudó las últimas esperanzas de los patriotas criollos en la estrategia de acercamiento con los ingleses que impulsaba Francisco de Miranda. Castelli, Belgrano, Martín Rodríguez, Domingo French y Antonio Beruti, combatieron contra quienes poco antes consideraban sus posibles aliados, durante la segunda invasión, la de 1807.

A fines de 1807 Napoleón Bonaparte tomó Portugal, y luego España. El rey español, Carlos IV, abdicó en favor de su hijo Fernando VII, pero Napoleón lo capturó e intervino para que en su lugar se nombrara como rey de España a su hermano José Bonaparte (apodado por los españoles “Pepe Botella”, por su tendencia alcohólica). El pueblo español organizó juntas de gobierno para resistir la ocupación francesa; a los pocos meses se instituyó la Junta Central de Sevilla, que se atribuía la autoridad suprema sobre España y las colonias. Esta situación alentó a la infanta Carlota Joaquina de Borbón a reclamar la regencia de las colonias americanas.

A fines de 1807 Napoleón Bonaparte tomó Portugal, y luego España. El rey español, Carlos IV, abdicó en favor de su hijo Fernando VII, pero Napoleón lo capturó e intervino para que en su lugar se nombrara como rey de España a su hermano José Bonaparte (apodado por los españoles “Pepe Botella”, por su tendencia alcohólica). El pueblo español organizó juntas de gobierno para resistir la ocupación francesa; a los pocos meses se instituyó la Junta Central de Sevilla, que se atribuía la autoridad suprema sobre España y las colonias. Esta situación alentó a la infanta Carlota Joaquina de Borbón a reclamar la regencia de las colonias americanas.

En este contexto, Castelli y Álzaga conversaban la posibilidad de expulsar a Liniers y constituir una Junta de gobierno propia, similar a las de la metrópoli. Dicho proyecto no era compartido por la mayoría de los criollos ni por el jefe del Regimiento de Patricios, Cornelio Saavedra. Manuel Belgrano propuso como alternativa apoyar los planes de la infanta Carlota, a lo cual adhirieron Castelli y los demás criollos. Belgrano, de ideas monárquicas, sostenía que, dadas las circunstancias de esos tiempos, el proyecto carlotista sería la forma más práctica de lograr la emancipación de España. El 20 de septiembre de 1808 Castelli redactó un documento dirigido a Carlota, con las firmas de Beruti, Vieytes, Belgrano, Nicolás Rodríguez Peña y el jurisconsulto Miguel Mariano de Villegas

Sin embargo, Carlota renegó de dichos apoyos: el partido de la independencia aspiraba a establecer una monarquía constitucional con Carlota a la cabeza, pero ésta prefería conservar el poder de una monarquía tradicional (absolutista). En consecuencia, denunció la carta y logró que se detuviera y acusase de alta traición a Diego Paroissien, quien llevaba diversas cartas dirigidas a los criollos. Castelli fue su abogado defensor.

Castelli logró la absolución de Paroissien amparándose en la doctrina de la Retroversión de la soberanía de los pueblos, que sostenía que las tierras americanas eran una posesión personal del Rey de España pero no una colonia española. Dicho criterio ya existía de antaño y se utilizaba para legislar en forma diferenciada en ambos distritos, pero en el nuevo contexto Castelli argumentaba que ni el Consejo de Regencia, ni ningún otro poder de España que no fuera el del rey legítimo, tenía autoridad sobre América. Sostuvo exitosamente que ofrecer la regencia a la hermana del rey cautivo, mientras no se negara la legitimidad de Fernando VII, no constituía un acto de traición sino un proyecto político legítimo que debía ser resuelto por los pueblos americanos sin intervención de los españoles.

El 1 de enero de 1809 Álzaga reunió a los batallones de Vizcaínos, Gallegos y Catalanes e intentó una asonada para destituir a Liniers. Unos pocos criollos como Mariano Moreno depositaron sus esperanzas independentistas en eso, pero la mayoría no: los cuerpos de Patricios, Arribeños, Húsares, Artilleros, Pardos y Morenos, acompañados de los Montañeses y Andaluces fieles a Liniers, ganan la plaza y obligan a las tropas complotadas a retirarse. Castelli apoyó a Liniers y acusó a Álzaga de independentismo. Álzaga no buscaba lo mismo que los criollos, porque su intención era destituir al virrey que se oponía a sus intereses, pero manteniendo la supremacía social de los españoles peninsulares por sobre los criollos, sin cambios.

Álzaga fue derrotado y el poder de los criollos aumentó: Álzaga fue desterrado a Carmen de Patagones y las milicias españolas que intentaron la asonada fueron disueltas.

En julio arribó a la colonia el nuevo virrey, Baltasar Hidalgo de Cisneros y los independentistas no se ponían de acuerdo sobre el curso a seguir. Castelli hablaba de retomar la idea de Álzaga de crear una junta de gobierno pero haciéndola dirigir por criollos; Belgrano insistía con el plan carlotista y Rodríguez Peña proponía un golpe militar, con o sin Liniers a la cabeza. Se impuso Saavedra, quien afirmaba la necesidad de postergar las acciones.

Cuando llegó la noticia de la caída de la Junta de Sevilla en poder de los franceses, el grupo de Castelli y Belgrano dirigió el proceso que llevaría a la Revolución de Mayo. Castelli y Saavedra eran los líderes más notorios de esos días. Luego de varias discusiones, se decidió demandar la realización de un cabildo abierto. Castelli y Belgrano negociaron con el alcalde de primer voto Juan de Lezica y el síndico procurador, Julián de Leiva. Aunque lograron convencerlos, aún hacía falta la autorización del propio Cisneros, para lo cual acudieron Castelli y Rodríguez a la sala del Fuerte. Previo a ello, Cornelio Saavedra le había negado a Cisneros el apoyo de los patricios, bajo la premisa de que al desaparecer la Junta de Sevilla que lo había nombrado como virrey, ya no poseía legitimidad para ejercer dicho cargo.

Cisneros se exaltó por la presencia de Castelli y Rodríguez, que acudían sin cita y armados, pero éstos reaccionaron con dureza y exigieron una contestación inmediata al pedido de cabildo abierto. Tras una breve conversación en privado con el fiscal Caspe, Cisneros accedió a que se realizara.

Además de por su oratoria, Castelli es conocido como “el orador de Mayo” por la gran actividad que desarrolló en la semana de Mayo. Las memorias de los testigos y protagonistas de esos días lo mencionan en multitud de sitios y actividades: negociando con los hombres del Cabildo, en casa de los Rodríguez Peña participando de la planificación de los pasos a seguir por los criollos, en los cuarteles arengando a las milicias, visitando el Fuerte para presionar a Cisneros. El propio Cisneros, al describir los acontecimientos al Consejo de Regencia, llamó a Castelli “el principal interesado en la novedad”, es decir, en la revolución.

El cabildo abierto se concretó el 22 de mayo de 1810. Se discutió si el virrey debía seguir o no en su cargo, y en caso negativo quién lo debería reemplazar. Castelli tomó la palabra para responderle al obispo (Benito Lué y Riega), que sostenía que Cisneros debía continuar y que, en caso de que toda España quedase en poder de Francia, los españoles peninsulares debían mandar en América. Castelli basó su argumentación en la doctrina de la retroversión de la soberanía de los pueblos que ya había empleado en la defensa de Paroissien. Insistía con la idea de que, a falta de una autoridad legítima, la soberanía regresaba al pueblo y éste debía gobernarse a sí mismo. Más adelante se impuso la idea de destituir al virrey, pero como Buenos Aires no tenía autoridad para decidir unilateralmente la nueva forma de gobierno, se elegiría a un gobierno provisorio, en tanto se solicitaban diputados a las demás ciudades para tomar la decisión definitiva.

Había diferencias sobre quién debía ejercer ese gobierno provisorio: algunos sostenían que debía hacerlo el cabildo, y otros que debía elegirse una junta de gobierno. Para unificar criterios, Castelli se plegó a la propuesta de Saavedra de formar una junta, pero con el añadido de que el síndico procurador del cabildo, Julián de Leiva, tuviese voto decisivo en su formación; esto que podía parecer una concesión, iba en el sentido de sumar a los antiguos partidarios de Álzaga, como Mariano Moreno, Domingo Matheu y el propio Leiva, y la jugada demostró ser muy arriesgada, porque el poder que recibió Leiva le permitió realizar una maniobra que Castelli no había previsto. Aunque se aprobó el cese de Cisneros como virrey, Leiva conformó una Junta con Cisneros como presidente, quien de dicha forma conservaría el poder. La Junta elegida por Leiva contenía como únicos criollistas a Saavedra y Castelli. El grueso de los criollos rechazó el proyecto: no aceptaban que Cisneros permaneciera en el poder aunque fuera bajo otro título; desconfiaban de las intenciones de Saavedra y estimaban que Castelli, solo en la junta, poco y nada podría lograr. Castelli y Saavedra renunciaron ese mismo día y la Junta organizada por Leiva no llegó a gobernar.

Esa misma noche los dirigentes criollos se reunieron en la casa de Rodríguez Peña y redactaron una lista de integrantes para una junta de gobierno que se presentó el 25 de mayo, mientras que French, Beruti, Donado y Aparicio ocuparon con gente armada la plaza y sus accesos. La lista agrupaba a representantes de las distintas extracciones de la política local. Lezica informó finalmente a Cisneros que había dejado de mandar. En su lugar asumió la Primera Junta.

Castelli y Mariano Moreno representaron las posturas más radicalizadas de la Junta. Ambos se habían vuelto amigos íntimos y se visitaban a diario. Como ambos compartían los ideales rousseaunianos y la determinación de tomar las medidas más extremas en favor de la revolución, se les adjudicó el calificativo de “jacobinos” (por analogía con la Revolución Francesa).

Una de las primeras medidas de Castelli en la Junta fue la expulsión de Cisneros y los oidores de la Real Audiencia, que fueron embarcados rumbo a España con el pretexto de que sus vidas correrían peligro.

Al conocer las noticias del cambio de gobierno, Santiago de Liniers preparó una contrarevolución en la ciudad de Córdoba. En apenas un par de escaramuzas el jefe de la Expedición Auxiliar, Francisco Ortiz de Ocampo, desbarató a las milicias reunidas por Liniers y capturó a todos los cabecillas. Las órdenes iniciales eran remitirlos a Buenos Aires, pero tras su captura se decidió condenarlos a muerte. Dicha decisión se tomó en una resolución firmada por todos los integrantes de la junta, excepto Manuel Alberti, debido a que como sacerdote no podía dar conformidad a la pena capital. La medida no fue aceptada en Córdoba, y Ocampo y Chiclana decidieron proseguir con las órdenes originales de remitir los prisioneros a la ciudad.

La Junta ratificó la orden, aunque excluyendo al obispo Orellana, a quien lo desterraban. Castelli fue comisionado por la Junta para cumplir la orden de ejecución que el general no había obedecido. Ocampo y Chiclana fueron apartados de sus cargos. Apenas encontró a los reos, Castelli ordenó y presidió el fusilamiento del gobernador cordobés Juan Gutiérrez de la Concha, el ex virrey Santiago de Liniers, el ex gobernador Santiago Alejo de Allende, y el asesor Victorino Rodríguez, en Cabeza de Tigre (límite entre Santa Fe y Córdoba). No fue fusilado el obispo de Córdoba, Rodrigo de Orellana, pero sí obligado a prestar asistencia espiritual a los condenados y a presenciar el fusilamiento. Domingo French fue el encargado de ejecutar la sentencia.

Castelli regresó brevemente a Buenos Aires y se reunió con Moreno. Éste lo felicitó por su proceder y lo nombró vocal representante de la Junta, con plenos poderes para dirigir las operaciones hacia La Paz. También le dejó una serie de instrucciones, entre ellas poner las administraciones en manos patriotas, ganar el favor de los indios, y arcabucear al presidente Nieto, el gobernador Sanz, Goyeneche y el obispo de La Paz. También se le encargó rescatar y sumar al ejército auxiliar a los soldados patricios y arribeños, quienes bajo el mando de Vicente Nieto, habían partido en 1809 de Buenos Aires para reprimir las revoluciones en Chuquisaca y La Paz. Desconfiando de dichos soldados, Nieto los había desarmado y enviado como prisioneros a Potosí, bajo el control de Francisco de Paula Sanz. Más de un tercio de dichos soldados habían muerto apenas al mes de trabajar en la mina.

Castelli no había tenido buen recibimiento en Córdoba, en donde los fusilados eran populares, pero sí fue bien recibido en San Miguel de Tucumán. En Salta también, pero aún así tuvo dificultades para obtener tropas, mulas, víveres, dinero o artillería. Asumió el mando político de la Expedición, desplazando a Hipólito Vieytes y reemplazó a Ocampo por el coronel Antonio González Balcarce. En Salta recibió noticias de que Cochabamba había adherido al movimiento patriótico, aunque enfrentando fuerzas realistas provenientes de La Paz. Tenía también en su poder una carta de Nieto para Gutiérrez de la Concha, ya fusilado, donde relataba que un ejército realista dirigido por Goyeneche avanzaba sobre Jujuy. Balcarce, ya en Potosí, fue derrotado por las fuerzas de Nieto en Cotagaita, lo que motivó a Castelli a enviar doscientos hombres y dos cañones a marchas forzadas para reforzarlos. Con dicha guarnición Balcarce logró la victoria de Suipacha, que les permitió controlar todo el Alto Perú sin oposición. Entre los hombres enviados, reclutados en Salta y Santiago del Estero, se encontraba Martín Miguel de Güemes, un ex oficial de los Húsares de Buenos Aires que más tarde se convertiría en un caudillo de la lucha independentista en la región.

En la Villa Imperial del Potosí, uno de los sitios más prósperos del Alto Perú, un Cabildo Abierto reclamó a Goyeneche que se retirase del territorio, a lo cual debió acceder pues no contaba con las fuerzas suficientes para imponerse.

El obispo de La Paz, Remigio La Santa y Ortega, huyó junto a él.

Castelli fue recibido en Potosí, y exigió a la Junta de allí un juramento de obediencia y la entrega de los generales realistas Francisco de Paula Sanz y José de Córdoba, que fueron fusilados. Para capturar a Vicente Nieto decidió que la operación fuese llevada a cabo exclusivamente por los patricios sobrevivientes de Potosí, que habían sido incorporados con honores al ejército patriota. Por su parte, Goyeneche y el obispo de la Paz, Remigio La Santa y Ortega (había huido de Potosí junto a Goyeneche), también fueron condenados legalmente, pero la sentencia no llegó a ejecutarse ya que se encontraban a salvo en tierras realistas. Bernardo Monteagudo, preso en la Real Cárcel de la Corte de Chuquisaca por su participación en la revolución de 1809, se enteró del acercamiento del ejército y logró fugarse para poder unirse a sus filas. Castelli designó a Monteagudo como su secretario, pues conocía los antecedentes de Monteagudo como flamígero y destacado revolucionario.

Instaló su gobierno en Chuquisaca, desde donde presidió el cambio de régimen en toda la región. Proyectó la reorganización de la Casa de Moneda de Potosí, planeó la reforma de la Universidad de Charcas y proclamó el fin de la servidumbre indígena en el Alto Perú, anulando el tutelaje y otorgándoles calidad de vecinos y derechos políticos iguales a los de los criollos. También prohibió que se establecieran nuevos conventos o parroquias, para evitar la práctica frecuente de que, bajo la excusa de difundir la doctrina cristiana, los indios fueran sometidos a servidumbre por las órdenes religiosas. Autorizó el libre comercio y repartió tierras expropiadas entre los antiguos trabajadores de los obrajes. El decreto fue publicado en castellano, guaraní, quechua y aimara; y también se abrieron varias escuelas bilingües. Festejó el 25 de mayo de 1811 en Tiahuanaco con los caciques aborígenes, donde rindió homenaje a los antiguos incas, incitando a los pobladores a revelarse en contra de los españoles. Sin embargo, Castelli era consciente de que la mayor parte de la aristocracia lo apoyaba debido al temor que les provocaba el ejército auxiliar, más que por un auténtico apoyo a la causa de Mayo.

Las órdenes recibidas de la Junta fueron ocupar con criollos todos los cargos de importancia, quebrando la alianza entre la élite criolla y la española. Entre otras, se le ordenaba que “no quede un solo europeo, militar o paisano, que haya tomado las armas contra la capital”.

En noviembre de 1810 envió a la Junta un plan: cruzar el río Desaguadero, frontera entre ambos virreinatos, y tomar el control de las intendencias peruanas de Puno, Cuzco y Arequipa. Castelli sostenía que era urgente sublevarlas contra Lima, ya que su economía dependía en gran medida de dichos distritos y si perdía su poder sobre ellos, el principal baluarte realista se vería amenazado. El plan fue rechazado por considerárselo demasiado temerario y se le requirió a Castelli atenerse a las órdenes originales. Castelli obedeció lo ordenado.

El apoyo a Castelli comenzaba a bajar, principalmente por el trato dado a los indios y la decidida oposición de la iglesia, que atacaba a Castelli apuntando los dardos al ateísmo declarado de su secretario Monteagudo. Tanto los realistas de Lima como los saavedristas en Buenos Aires los comparaban a ambos con Maximilien Robespierre. El Dean Funes los consideraba “esbirros del sistema robesperriano de la Revolución francesa”.

Castelli también abolió la mita en el Alto Perú, un proyecto que era compartido por Mariano Moreno, pero por entonces Moreno ya había sido alejado de la Junta, que con la incorporación de los diputados del interior se transformó en la Junta Grande. Sin que Castelli estuviera en Buenos Aires para mediar entre ellos, las disputas entre morenistas y saavedristas habían recrudecido. La Junta le reclamaba a Castelli que moderara sus acciones, pero éste siguió adelante con las posturas que compartía con Moreno. Varios oficiales saavedristas planearon secuestrar a Castelli y también a Balcarce, remitirlos a Buenos Aires para juzgarlos y otorgar el mando del Ejército del norte a Juan José Viamonte. Sin embargo, éste no se prestó a dicho plan, y por eso no llegó a llevarse a cabo.

Castelli escribió a Vieytes, Rodríguez Peña, Larrea y Azcuénaga solicitándoles que viajen al Alto Perú y que tras la derrota de Goyeneche marcharían sobre Buenos Aires, pero la carta fue enviada por el servicio de postas y el jefe de correos de Córdoba, don José de Paz, resuelve enviársela a Cornelio Saavedra.

La orden de la Junta de no avanzar sobre el virreinato del Perú produjo un armisticio de hecho, que duraría mientras Goyeneche no atacase. Castelli procuró convertir la situación en un acuerdo formal, con lo cual buscaba el reconocimiento de la Junta como un interlocutor legítimo. Goyeneche aceptó firmar un armisticio por 40 días, hasta que Lima se expidiera, y utilizó ese tiempo para reforzarse. El 19 de junio, con dicha tregua aún en vigencia, una avanzada realista atacó las posiciones patriotas en Juraicoragua. Castelli declaró roto el armisticio y declaró la guerra al Perú.

 

El ejército realista cruzó el Desaguadero el 20 de junio de 1811, iniciando la batalla de Huaqui. El Ejército Auxiliador aguardaba cerca de Huaqui, entre la pampa de Azapanal y el lago Titicaca. El flanco izquierdo patriota, comandado por Díaz Velez, afrontó el grueso de las fuerzas realistas, mientras que el centro fue arrollado por los soldados de Pío Tristán. Viamonte no envió refuerzos, y muchos soldados patriotas reclutados en el Alto Perú se rindieron o huyeron y muchos de los reclutados en La Paz cambiaron de bando en plena batalla.

Aunque las bajas del Ejército Auxiliador no fueron sustanciales, se dejó ganar por el terror y se desbandó. Los habitantes del Alto Perú abandonaron a los combatientes y abrieron las puertas de las ciudades a los realistas, de modo que el ejército tuvo que abandonar muy rápido esas provincias. Si la persecución no fue un desastre y los invasores no atacaron raudamente la zona del Río de la Plata, fue por la heroica resistencia de Cochabamba. Castelli llegó hasta la posta de Quirbe el 26 de agosto de 1811, y allí recibió órdenes de bajar hacia Buenos Aires para su enjuiciamiento. Sin embargo, cuando se enteró de tales órdenes, ya habían sido reemplazadas por otras: Castelli debía quedar confinado en Catamarca, mientras el propio Saavedra se hacía cargo del ejército del Norte. Pero poco después de abandonar Buenos Aires, Saavedra fue depuesto en su cargo y confinado a San Juan mientras el Primer Triunvirato asumió el gobierno, reemplazando a la Junta Grande. Castelli fue nuevamente requerido en Buenos Aires.

Una vez en Buenos Aires, Castelli quedó en una situación de soledad política. El Triunvirato y el diario La Gazeta lo acusan de la derrota en Huaqui y buscan realizar un castigo ejemplificador, mientras que el antiguo partido de la independencia se encontraba dividido entre quienes se habían unido a las corrientes del Triunvirato y quienes ya no gozaban de poder efectivo. El juicio tardó en iniciarse, por lo que en enero de 1812 reclamó que se realizara con rapidez. Dos semanas después recusó al juez Echeverría, antiguo abogado de Liniers. Por ese entonces supo que padecía un cáncer en la lengua, secuela de una quemadura de cigarro, que le dificultaba progresivamente el habla.

El juicio no dejaba en claro si era un juicio político o un juicio militar, ni cuál era la acusación exacta sobre Castelli. Las preguntas formuladas no analizaban sólo su responsabilidad en la derrota de Huaqui, sino también otros temas como si mantuvo “trato carnal con mujeres, se entregó al vicio de bebidas fuertes o al juego”. Bernardo de Monteagudo fue el principal defensor de Castelli. Nicolás Rodríguez Peña también lo defendió. Castelli murió el 12 de octubre de 1812, con el juicio aún abierto. Momentos antes de su deceso pidió papel y lápiz, y escribió “Si ves al futuro, dile que no venga”. Tuvo un pequeño y modesto entierro en la Iglesia de San Ignacio, en la Ciudad de Buenos Aires, sin honras oficiales. Tras su muerte, la viuda María Rosa Lynch debió vender su chacra para pagar deudas y pasó años reclamando los sueldos impagos a su difunto esposo. Dicha suma ascendía a 3378 pesos, terminándose de pagar 13 años después. La causa abierta en contra de Castelli jamás fue sentenciada.

Esta nota fue redactada en base a la biografía que se encuentra en Wikipedia.com

Nota:  el texto en azul y con letra Tahoma corresponde a la segunda parte, que complementa a lo aparecido en la Revista AquíDEVOTO
de mayo de 2011, pero sin haber sido publicada en papel.